Ninguna revolución triunfa, desgraciadamente, sin violencia. Es la historia de la humanidad. Nuestra democracia moderna procede de las estructuras y principios, posteriormente evolucionados, de la extinción del régimen absolutista con el que la Revolución Francesa fue capaz de acabar. Podemos enumerar una interminable lista de pueblos alzados contra sus mandatarios en la búsqueda de las libertades. Pero las revoluciones no pueden vencer sin que el propio pueblo que padece el yugo de la dictadura decida llevarla a cabo apoyada en el poder que le confieren, por lo general, millones de ciudadanos y sus cauces naturales de organización: el statu quo laboral, económico, el de su ciudad o municipio, el familiar... Se trata de un enfrentamiento con un elevado coste de vidas, de sacrificios por el futuro de un país, lo que supone por extensión por lo de los familiares, hijos y quienes disfrutarán de vivir en libertad gracias a la lucha de sus antepasados. Es, en realidad, el concepto original de patria. La convicción de un pueblo por un destino común para su bienestar. La simbología, la manera de identificar a la comunidad, viene después, no al revés.
Por eso las revoluciones, para que adquieran una incuestionable legitimidad, las deben de hacer los propios pueblos. Hay revoluciones más sangrientas y otras más calmadas, según las circunstancias históricas. España vivió una modélica transición que no comenzó con la muerte de Franco, sino mucho más atrás. El pueblo no decidió levantarse en armas, pero trazó, desde distintos ámbitos sociales, económicos y políticos, una senda que indefectiblemente tenía un punto de llegada: una democracia a la usanza del mundo occidental en el que estamos englobados. Ya en la transición 'oficial', las sensibilidades políticas supieron entenderse para hacer realidad lo deseado. Los errores o aciertos posteriores es otro cantar. Tampoco faltó el sacrificio con sangre, pero de una manera u otra, fueron los propios españoles quienes hicieron realidad un país en libertad.
La consecución de un estado en democracia puede venir apoyada estratégicamente desde el exterior, circunstancia que debe justificarse por la necesidad de armonizar una comunidad mayor (Europa, por ejemplo) o por intereses de cada parte. Existe legitimidad en ello. Pero cualquier actuación directa sobre la propiedad ajena debe ser un hecho excepcional, aceptado y aprobado por la comunidad internacional, y como factor de apoyo a los grandes cambios impulsados por quienes desde dentro deben provocar la caída del sistema dictatorial que padecen y construir las nuevas estructuras de un país como estado de derecho.
Por todo ello, es sumamente preocupante que el gobierno de un país viole el espacio de otro estado con un argumentario unilateral. En primer término, para la detención de su presidente y posteriormente para la supuesta ¿imposición? de un Ejecutivo ¿títere? Esta acción ha sido la que ha llevado a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenando la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro. Trump no ha invadido Venezuela, sino que ha apresado a su dirigente justificando su acción en acusaciones de tráfico de drogas y de armas. Es decir, lleva a Maduro ante los tribunales para aplicarle las leyes que rigen no en Venezuela ni en el mundo según el derecho internacional, sino dictadas por la justicia norteamericana. Como un narco de cierta relevancia con licencia de identidad estatal o pasaporte del país.
A pesar de que Trump es consciente de la inexistencia de un tribunal mundial de drogas, pasa por alto la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), órgano de la ONU responsable de hacer frente al comercio y tráfico de estupefacientes y armas. Fundada en 1997, la UNODC tiene su sede en Viena (Austria) y una red de oficinas sobre el terreno en más de 150 países, entre ellos Estados Unidos, cuya central está precisamente en Nueva York, a donde han trasladado a Maduro. Quiero pensar que el derecho internacional es aplicable en su legitimidad a través de los órganos correspondientes de Naciones Unidas para cada caso en disputa, por lo que lo lógico sería que los supuestos proteccionismos o comercio ilegal de determinados países con cárteles de la droga deben ser tratados, analizados y sancionados/solucionados en el marco de la UNODC.
Durante el 62° Período
de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito celebrado el 14 y 15 de marzo de 2019 (hace ya casi siete años), el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, detallaba una batería de medidas que el gobierno venezolano había comenzado a implantar para combatir el tráfico de drogas. Y sin paños calientes, Arreaza afirmó que «hoy, de acuerdo con el informe de la ONUDD del 2018, 146.000
hectáreas equivalentes al 69% del total de hectáreas que se
dedicaron en 2016 al cultivo de coca en el mundo, se encuentran en
Colombia, aumentando en consecuencia la producción de cocaína
a niveles sin precedentes; 60% del total mundial. Los datos del 2017
demostraron que esta situación no mejoró, pues el cultivo de coca
aumentó de 146.000 hectáreas a 171.000 hectáreas». (https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/2019/2019_MINISTERIAL_SEGMENT/26March/Venezuela.pdf)
Más sorprendentes aún resultan sus siguientes declaraciones en la misma sesión: «Colombia sigue siendo la principal fuente de la mayoría de
la cocaína incautada y probada en los Estados Unidos con
aproximadamente el 93%, lo cual demuestra que mientras exista un
gran número de consumidores, siempre habrá quienes quieran
cubrir esa demanda.
Hay aproximadamente 30 millones de consumidores en Estados
Unidos. La droga que se produce en Colombia, con la DEA como
vigilante, con bases militares con presencia de tropas
estadounidenses, termina en la sangre, las neuronas y las tumbas
de jóvenes estadounidenses. 70 mil muertes por año, 200 por día, 8
por hora ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede salir la droga que se
produce en Colombia y llegar a los Estados Unidos sin que sea
detectada por los sistemas de seguridad del país más poderoso de
este planeta?».
Aún teniendo estos datos sobre la mesa, el presidente de los Estados Unidos emplea el argumentario del narcotráfico y las armas para arremeter contra ¿Colombia? No. Contra Venezuela. A pesar de su habitual bravuconería al expresar sus ocurrencias a la hora de gobernar su país y sus delirios mesiánicos respecto al mundo, se cuida muy mucho de utilizar la metodología que tantos fracasos les costó a sus predecesores a la hora de aplicar una política expansionista. Trump no justifica su intervención en Venezuela para devolver la libertad al país, ni usa la fuerza militar en primer término como hicieron otros. Detiene a Maduro y doblega a un descabezado gobierno a plegarse a los intereses norteamericanos sin disparar un solo tiro. Trump es consciente, como nosotros, de que la ONU es un organismo incompetente para asumir y canalizar los problemas que asolan al mundo actualmente y no digamos ya sus oficinas satélites como la UNODC. Que ello le confiera legitimidad para apresar a un presidente de otro país va un trecho.
Es probable que la única salida victoriosa a todo este entramado sea la entrega de los poderes a la oposición organizada representada por Edmundo González y María Corina Machado, al parecer los verdaderos ganadores de las últimas elecciones en el país caribeño. De esta manera, Trump habría eliminado a Maduro con una metodología muy dudosa pero Venezuela viviría una revolución pacífica para su pueblo. Volviendo al principio del texto, la violencia estaría presente como hecho ineludible en las revoluciones, pero con el dictador y sus seguidores como ovejas al sacrificio, que se supone son pocos ante las mayoritarias ansias de libertad de los venezolanos. La transición hacia una democracia sería gestionada por Estados Unidos con sus correspondientes cuotas de beneficios económicos (petróleo incluido) para, posteriormente, entregar el mando a González y Machado con el objetivo de continuar encarrilando una nueva Venezuela convertida en un país de la órbita estadounidense, algo que no debe alarmarnos porque España de hecho lo es como muchos otros países del primer mundo y con estados de derecho vigentes.
Me atrevo a decir que esta es la carta que jugará Trump, porque si no lo hace, ¿cómo van a admitir ahora los venezolanos un gobierno de Vichy? ¿Qué interés tiene Estados Unidos en hacerse cargo del gobierno de un país sine die, con el desgaste que ello supone?
La foto del artículo la hice en la calle de La Estrella, en Madrid, en diciembre de 2025. El número 9 es un gran edificio abandonado en cuya fachada han pintado estte graffitti.
